Fotomultas en la Provincia de Buenos Aires: un fallo judicial podría anular miles de infracciones

El sistema de fotomultas en la Provincia de Buenos Aires volvió a quedar bajo la lupa judicial y el impacto podría ser significativo. Un nuevo movimiento dentro de una causa en curso abre la puerta a que miles de infracciones de tránsito queden sin efecto, lo que reaviva el debate sobre la legalidad, la transparencia y el control del uso de tecnología vial en territorio bonaerense.

El eje del conflicto no pasa por la existencia de los radares en sí, sino por las condiciones contractuales y técnicas bajo las cuales habrían operado durante un período clave.

El origen del conflicto y el nuevo giro judicial

La causa investiga presuntas irregularidades en la utilización de equipos de control de velocidad y semáforos, a partir de una denuncia vinculada a la continuidad operativa de radares que, según se sostiene, habrían funcionado con contratos vencidos o sin habilitación vigente.

En ese marco, una empresa proveedora de tecnología vial solicitó ser reconocida como parte damnificada, argumentando que otra firma habría continuado explotando el sistema de fotomultas sin respaldo contractual válido. De confirmarse esta situación, se pondría en duda la legitimidad de una gran cantidad de actas labradas en distintos municipios bonaerenses entre 2022 y 2025.

El planteo apunta a un punto sensible: si los equipos no estaban correctamente autorizados al momento de emitir las infracciones, las multas podrían carecer de sustento legal, aun cuando el exceso de velocidad o la falta exista en los hechos.

Municipios, empresas y un sistema en tensión

El caso expone un entramado complejo donde confluyen intereses empresariales, decisiones municipales y controles provinciales. Varios distritos dependen del sistema de fotomultas no solo como herramienta de seguridad vial, sino también como fuente de recaudación, lo que vuelve el escenario aún más delicado.

Además, otras compañías del sector tecnológico y de control de tránsito ya habían planteado objeciones similares en distintos expedientes, reclamando revisiones técnicas, suspensiones preventivas y auditorías sobre la instalación y el funcionamiento de los radares.

Este contexto genera un clima de incertidumbre jurídica, tanto para los gobiernos locales como para los conductores que recibieron infracciones en los últimos años.

Qué podría pasar si avanza la causa

Si la Justicia bonaerense considera que existieron fallas en la habilitación de los equipos, las consecuencias podrían ser amplias:

Anulación administrativa y judicial de miles de multas ya emitidas. Reclamos de conductores que abonaron infracciones cuestionadas. Impacto directo en la recaudación municipal. Revisión integral del marco regulatorio del sistema de fotomultas.

Cabe recordar que, en fallos anteriores, la Justicia había avalado la continuidad del sistema de radares. Sin embargo, el foco ahora se corre del “si pueden existir” al “cómo fueron implementados y bajo qué condiciones legales”.

Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a instalar una discusión de fondo: la necesidad de mayor transparencia, control y trazabilidad en los sistemas automatizados de sanción. En una provincia extensa y con alto tránsito vehicular, el desafío no es solo sancionar, sino garantizar que cada infracción tenga respaldo técnico, legal y administrativo incuestionable.

Mientras tanto, la causa avanza y los próximos movimientos judiciales serán clave para definir si este giro termina siendo un sacudón puntual o un cambio estructural en el modelo de fotomultas bonaerense.