El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ratificó una resolución que confirma la no ejecución de $45 millones correspondientes al Fondo Educativo en el municipio de San Vicente durante el ejercicio 2022. La decisión dejó firmes sanciones económicas contra el intendente Nicolás Mantegazza y funcionarios de su gestión, luego de rechazar los recursos administrativos presentados.
El fallo no es una interpretación política ni una denuncia periodística: es una resolución oficial del máximo organismo de control de las cuentas públicas bonaerenses.
Según el dictamen, el municipio no ejecutó $45.095.000 provenientes del Fondo Educativo, una partida de afectación específica que por ley debe destinarse exclusivamente a educación: infraestructura escolar, equipamiento, mantenimiento de establecimientos y programas educativos.
El Tribunal remarcó que este tipo de fondos no pueden subejecutarse sin justificación, ya que su finalidad está claramente establecida y su uso impacta de manera directa en la comunidad educativa local.
La resolución dejó firmes las sanciones económicas contra los responsables de la administración de los fondos:
$350.000 de multa al intendente de San Vicente y $180.000 de multa a la contadora municipal.
El Tribunal sostuvo que existieron falencias en los controles internos, deficiencias en la planificación presupuestaria y omisiones en la ejecución de partidas clave.
Además del Fondo Educativo, el fallo también observó otras subejecuciones de fondos afectados, llevando el monto total cuestionado a más de $76 millones, incluyendo partidas vinculadas a programas sociales y gestión municipal.
El dictamen también señala pagos no remunerativos ni bonificables realizados a empleados municipales y concejales sin los aportes previsionales ni de salud correspondientes, una práctica contraria a la normativa vigente.
A esto se suma la observación por indemnizaciones abonadas tras robos de bienes secuestrados en un depósito municipal, sin que se hayan iniciado los sumarios administrativos obligatorios para determinar responsabilidades.
El fallo del Tribunal de Cuentas fue informado por algunos medios zonales, que decidieron poner el tema en agenda pública. Sin embargo, otros medios locales optaron por el silencio, pese a tratarse de una resolución oficial, documentada y con sanciones firmes.
La diferencia en la cobertura vuelve a dejar en evidencia un debate necesario en el periodismo local: cuando los datos son incómodos, informar también es una decisión editorial.
Más allá de los nombres propios, el eje central es claro: $45 millones destinados a educación no fueron utilizados. Escuelas, estudiantes y familias son los destinatarios finales de esos recursos que nunca llegaron a destino.
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