Un procedimiento policial realizado bajo modalidad encubierta generó tensión en el barrio privado El Venado, en Canning, luego de que un grupo de personas que se presentó como repartidores activara el protocolo interno de seguridad del country.
El episodio ocurrió cuando una camioneta con varios ocupantes arribó al ingreso del barrio simulando realizar una entrega. La cantidad de personas dentro del vehículo y ciertos movimientos que llamaron la atención del personal de vigilancia encendieron las alertas. Desde la guardia decidieron aplicar el protocolo preventivo habitual ante situaciones consideradas inusuales.
Con el correr de las horas trascendió que se trataba de efectivos que estaban desarrollando una tarea de seguimiento vinculada a una investigación en curso. La información tomó mayor relevancia cuando uno de los vecinos involucrados hizo público el hecho y presentó una acción judicial para que se determine el alcance y la legalidad del procedimiento.
El planteo del vecino
El abogado Carlos Broitman, residente del barrio, sostuvo que nunca solicitó ningún servicio de entrega y que la presencia del vehículo le resultó extraña desde el primer momento. Según explicó, la escena no coincidía con la operatoria habitual de una empresa de reparto y por eso se dio aviso inmediato a la seguridad interna.
El letrado indicó que, al tomar conocimiento de que se trataba de personal policial, decidió recurrir a la Justicia Federal para solicitar precisiones sobre el operativo. En su presentación, pidió que se esclarezca si la medida contaba con autorización judicial y bajo qué marco se llevó adelante.
También señaló que días después una situación similar habría ocurrido con un colega de su estudio jurídico en otro distrito, lo que, según expresó, incrementó su preocupación por la metodología utilizada.
Investigación y debate
Fuentes vinculadas al caso deslizaron que el seguimiento estaría relacionado con una causa federal en la que el abogado había intervenido profesionalmente. Sin embargo, desde su entorno remarcaron que ejercer la defensa técnica en un expediente judicial no puede ser motivo de sospecha ni justificar acciones que, a su criterio, afecten garantías individuales.
El hecho abrió un debate sobre los límites y alcances de los operativos encubiertos, especialmente cuando se desarrollan en zonas residenciales privadas. También volvió a poner en foco la coordinación entre fuerzas de seguridad y el respeto por los procedimientos formales cuando hay tareas de inteligencia en marcha.
Mientras la investigación judicial avanza, el episodio dejó instalada una discusión más amplia: hasta dónde puede llegar una pesquisa encubierta y cómo se equilibra la necesidad de investigar con la protección de derechos constitucionales.
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